Como servidora judicial, representa la oportunidad de lograr una justicia digna y oportuna que llegue al usuario mediante un enfoque humano.

Veo la función de un juez o un magistrado como un componente necesario dentro del engranaje del Estado, una fuente de orden y compromiso con el más puro propósito de servicio, desprovisto de cualquier presión externa que entorpezca esa noble función, fuera de colores e ideologías de cualquier índole, teniendo siempre como centro de atención la impartición de justicia con el enfoque máximo de dar a cada quien lo que es suyo, lo que le corresponde. Con esto, estaremos dignificando la función jurisdiccional a fin de que el gobernado se acerque y confíe en sus instituciones de justicia.

En cuanto a este punto, considero que la impartición de justicia es uno de los temas pendientes del Estado, es el reclamo máximo del gobernado. No es desconocido que el foro jurídico cada vez está más preparado y que las condiciones de garantía del Estado son mas eficaces, lo cual obliga que el impartidor de justicia sea una persona suficientemente preparada académicamente y además cuente con los principios éticos y de conducta necesarios para hacer un buen papel en la labor jurisdiccional. Teniendo estos elementos, con un enfoque humanista seguramente se logrará el objetivo deseado.

Algunas propuestas de mejora serían: Dignificar la función jurisdiccional con personas impartidoras de justicia que sean aquellas que conozcan el entorno judicial, sabedoras del derecho y en específico de especialización en la rama del conocimiento en la que actúan. Capacitar a las personas que realizan actividades propias de su función mediante un sistema de educación continua, incentivándolas por medio de diplomados o cursos que se tomen en cuenta para futuras promociones. Usar los medios tecnológicos con los usuarios del servicio para que la información llegue directamente a sus cuentas electrónicas personales y la de sus defensores o abogados. Enlazar y cooperar con las distintas escuelas judiciales, a fin de intercambiar las buenas prácticas en otros Estados, fomentando programas de actualización y capacitación en las distintas ramas del derecho utilizando sistemas de comunicación telemáticos para optimizar costos. Mejorar las condiciones laborales de todo el personal jurisdiccional y administrativo de la institución mediante la distribución justa y equitativa del ingreso.